jueves, 11 de diciembre de 2008

El ARI y la Coalición Cívica preparan su Primer Encuentro Provincial

Bajo la consigna "Hacia el fortalecimiento institucional, político y social del ARI y la Coalición Cívica como alternativa de gobierno" se prepara el Primer Encuentro Provincial de esta fuerza política que se desarrollará el domingo 14 de diciembre, a partir de las 8:30, en el salón "Los Arrayanes" (calle 29, entre 26 y 28) de Presidencia Roque Sáenz Peña.

En el encuentro cada mesa de trabajo que integra la Coalición Cívica, como ser la Interreligiosa, Social, Intercultural, de la Producción, el Movimiento por la Paz y la No Violencia y los Jóvenes por la Igualdad del ARI tendrán la oportunidad de exponer y explicar a los presentes en que consiste cada mesa temática y que trabajo vienen realizando.

Podrán participar afiliados, simpatizantes y ciudadanos de la provincia que compartan los principios rectores del ARI y la Coalición Cívica que son no robar, no mentir y no votar contra los pobres. Los organizadores se dirigieron a la comunidad diciendo: "invitamos a todos los habitantes del Chaco preocupados por el actual estado de actualidad a sumarse a nuestros esfuerzos. Superar las críticas a un sistema agotado para asumir la tarea de construir una alternativa democrática con ética, república, distribución del ingreso y un nuevo paradigma de desarrollo económico y social es el desafío que lanzamos", afirmaron.

Judis será investigado por la Justicia Penal

La diputada Alicia Terada solicitó ayer a la Fiscalía Penal en turno de la ciudad de Resistencia que investigue la posible incompatibilidad del cargo del ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente, Omar Judis, con el de supervisor del Comité de Planificación y Control de Gestión de la empresa "Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial" (SECHEEP) al cual accedió en el mes de mayo de 2008.

La solicitud de análisis e investigación habría surgido luego de que la Fiscalía de Investigación Administrativa, dictaminara la incompatibilidad de los cargos y solicitara a la empresa estatal SECHEEP la nulidad de las resoluciones que lo designa como supervisor. El dictamen sugiere además vincular el hecho con acciones penales porque se trataría de un delito contra la administración pública.

La resolución emitida por la FIA determina que la designación de Judis como supervisor consagra un beneficio a futuro para el funcionario responsable del área, que al término de su gestión como ministro volverá a la empresa de energía en donde es personal de planta permanente pero con un grado escalafonario mayor al que tenía al momento de tomar licencia. Según explica el documento esta situación es incompatible con el desempeño de la función pública teniendo en cuenta además que el Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente tiene bajo su directo control y dirección a la empresa SECHEEP.

"La resolución 7.906/08 (de designación de Judis) dictada por el directorio de SECHEEP favorece directamente a su superior inmediato con un notorio incremento patrimonial que aunque sea a futuro, crea una suerte de parcialidad que consideramos nula y éticamente inapropiada por parte del directorio de SECHEEP, resolución que el Sr. Ministro en uso de sus facultades debería dejar sin efecto", señala la resolución 1.351 a través de la cual se expidió la FIA.

Al tomar conocimiento del dictamen del Fiscal General, Héctor Miró, la diputada del ARI, Alicia Terada decidió realizar una presentación formal ante la Fiscalía penal en turno de la ciudad de Resistencia a los efectos de que se investiguen los hechos enumerados en la resolución de la FIA y se determine si podrían existir acciones tipificadas penalmente.

Asimismo la legisladora del ARI solicitó al Fiscal General informe, cuales son las acciones iniciadas a partir del dictamen emitido.

Kadlec: voto negativo para la habilitación de una obra contraria a las normas vigentes

Durante la sesión del Concejo, el Ejecutivo Municipal presentó un proyecto de ordenanza, habilitando por vía de excepción una obra que ya estaría en proceso de construcción hace varios meses, por medio de un permiso provisorio. Desde el Ari, el Concejal Rafael Kadlec apeló a su voto negativo por estar emplazada en un inmueble que el Código de Planeamiento Urbano prevé como de habilitación al uso urbano para mediano y largo plazo; habilitación que nunca fue otorgada por el Concejo Municipal.

El terreno está ubicado en Chacra 103, Parcela 16, Circunscripción II, Sección B y no se dio intervención al Concejo para definir si ese distrito previsto en el Código de Planeamiento Urbano como zona de futura urbanización puede ser afectado a viviendas, y en tal caso establecer las dimensiones mínimas de cada lote. “Por lo tanto ni siquiera debió haberse otorgado un permiso provisorio de obra”, fue el fundamento del Concejal Kadlec. Asimismo, explicó que “sin ese requisito básico, que define las líneas generales, no puede autorizarse ni siquiera por vía de excepción una urbanización y proyecto de construcción de viviendas.”

Además recordó que sin perjuicio de este grave incumplimiento, que determina la nulidad de todo el expediente, “nos encontramos con una obra que ha venido avanzando sin ningún tipo de control ni autorización definitiva, con viviendas, cuyas medidas resultan inclusive inferiores a los parámetros parcelarios de un Distrito R4. Sin control de las áreas competentes, nos encontramos con obras en plena ejecución”.

Explicó también que “el permiso provisorio de obra otorgado en exceso de atribuciones, es acotado en tiempo y condicionado a que se cumplan las observaciones de las Áreas Técnicas”. Por tal motivo apeló a que la empresa debió actuar en consecuencia, y no exceder ese permiso. “Si no lo hizo, deberá ajustarse a las normas que se dicten. A su vez las áreas técnicas que no cumplieron con su función de control e inspección, deberán responder por su actuar negligente”, determinó el Edil.

El descargo del Concejal por el ARI concluyó con el pedido al Cuerpo de Concejales presentes de “respetar las normas vigentes, y no permitir que los particulares construyan antirreglamentariamente confiando en que ante el hecho consumado arreglarán su situación por vía de excepción”. Así lo ha dicho expresamente la Dirección de Planeamiento Urbano recientemente, dado el incremento notorio de situaciones que deben resolverse por vía de excepción. Por lo que Kadlec determinó que “este expediente es nulo en su trámite y no puede ser convalidado por este Concejo, debiendo retrotraerse la presentación a fojas cero”.

viernes, 28 de noviembre de 2008

El ARI sostiene que las medidas anunciadas por la presidenta son "solo acciones parciales que apuntan al blanqueo de la ilegalidad"

Las medidas anunciadas recientemente por la presidenta Cristina Fernández, entre las que se encuentra la repatriación de capitales, fueron consideradas desde el ARI como "coyunturales y de escaso impacto positivo en la sociedad en general". Enfáticamente señalaron que "se trata de acciones parciales que solo benefician a los amigos del poder".

El Partido ARI Chaco afirmó que con esta determinación se dan ventajas a quienes poseen dinero no declarado, tanto en Argentina como en el exterior y que es la continuación del plan iniciado hace algunas semanas con lo que consideraron "la confiscación de ahorros de los jubilados de las AFJP".

"La estatización de los Fondos de las AFJP, sin tener en cuenta un sistema integrado e integral -como el que propone en sus plataformas el partido ARI desde el año 2003- y los informes dados a través de los medios públicos, por funcionarios oficiales, acerca del uso en obras pública del dinero de los jubilados, lo demuestra", aseguraron.

Dijeron también que “una de las nuevas medidas anunciadas por la Presidenta, que destina $70 mil millones, se relaciona con esos fondos” y que “otra de las medidas vinculadas "con la moratoria más grande la historia", permite el cierre de las causas judiciales por evasión impositiva, entre las cuales se encuentran empresas relacionadas con actuales y ex funcionarios del gobierno nacional”.

Indicaron que “la propuesta de ley de blanqueo de capitales, posibilitará que las empresas denunciadas, blanqueen su capital, pagando sólo el uno por ciento para invertir en infraestructura y actividades agropecuarias, actividades que se relacionan con las mismas empresas denunciadas”.

“Es responsabilidad de todos los ciudadanos, conocer y denunciar estos hechos, dado que significa una gravedad institucional sin precedentes, poniendo en peligro la paz y la tranquilidad pública”, concluyeron.